Hablaba ayer de la permisividad de los gobiernos de España con lo que ha ocurrido en
Cataluña en las cuatro últimas largas. Ante semejantes muestras de
complacencia, hasta los espíritus más puros y abnegados encontrarían difícil
evitar ensoberbecerse o, por decirlo más llanamente, volverse unos macarras. Y
los necionanistas catalanes serán
muchas cosas, pero no puros o abnegados. Más bien todo lo contrario,
así que la chulería estaba cantada.
Hace
casi un mes –el retraso en comentarlo es cosa del amontonamiento de entradas
durante el verano, qué se le va a hacer… y eso que publico una al día- tuvimos
dos muestras palmarias. La primera fue la de Cocomocho, que afirmó (y se quedó tan ancho… como ancho es su vicepresidente,
del que luego hablaré) que no aceptaría una posible inhabilitación del Tribunal Constitucional porque sólo la asamblea legislativa le puede suspender. Es
decir, que no sólo declara de facto
la separación de España (al menos, la suya propia, si no la de toda Cataluña)
sino que, además, pasa de cualquier resolución judicial, incluidas las de los
órganos jurisdiccionales catalanes. La inmunidad parlamentaria llevada al su
máxima expresión o, al modo del Generalísimo, que sólo se considera responsable
ante Dios (y, en su defecto, la Moreneta)
y ante la Historia.
Para
acabar de redondear la broma, añadió que el
Gobierno catalán no hará campaña en favor de la independencia. Hombre, el
Gobierno en su conjunto quizá no (está por verlo), pero apostaría duros contra
pesetas a que todos y cada uno de sus miembros (los que para entonces no hayan
purgado) sí que la harán.
Y
luego está el caso del estrábico con sobrepeso (el ancho vicepresidente al que
antes me refería) que, requerido por el Gobierno de España para que entregara
la lista de interventores de la Generalidad (al objeto de fiscalizar la
ejecución del Fondo de Liquidez Autonómica y evitar que el referéndum se costee
a base de fondos públicos), se negó (con la peregrina excusa de que esos
controles adicionales afectarían negativamente en el pago a proveedores de los
servicios sociales; sólo a ellos, por lo visto: el cobro de las dietas y otros
emolumentos parece que no se verán afectados). En lugar de los interventores,
serán los propios consejeros quienes se encargarán de certificar las peticiones
de información del Gobierno, que abarcan más de cien entes autonómicos.
Es
lo que pasa con los niños malcriados. Se les consiente, se les consiente, y
cuando uno quiere plantarse ya es demasiado tarde. Un par de azotes bien dados
a tiempo y se acababa la tontería, hombre…
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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