En una democracia plena, regirían los postulados de Charles de Secondat: los distintos poderes del Estado estarían separados y se contrapesarían los unos a los otros.
Desgraciadamente, España no es una democracia
plena. De hecho, es más bien una partitocracia, en la que los partidos
conforman el Gobierno, que a su vez maneja las mayorías parlamentarias, que son
quienes eligen a los miembros de los órganos constitucionales.
Es decir, que todo el entramado institucional
del país está politizado. Esto, con ser malo, no resultaba fatal hasta la
llegada del psicópata de la Moncloa al poder. No es que sus predecesores (de
uno y otro partido, pero más los del suyo) no hicieran lo mismo o parecido,
pero el yerno de Sabiniano persigue destruir todos los posibles obstáculos a su
poder omnímodo.
Por eso, la posibilidad de que un Consejo
General del Poder Judicial de mayoría (ligeramente) izquierdista (aunque la
presidente ha mostrado una sorprendente independencia de criterio) deba designar en los próximos meses a la mitad de los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo produce la comprensible alarma.
Y el comprensible regocijo en la pareja del psicópata, el teledirector de orquesta y, en general, el partido de la mano y el capullo.
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