En este desquiciado país en el que nos ha tocado vivir, que sea noticia un comportamiento lógico demuestra bien a las claras lo demenciada que está la situación.
El ayuntamiento de Barcelona, cuando lo
timoneaba la bruja Piruja, impuso una multa de veinticinco mil euros a un propietario
que se negó a ofrecer un alquiler social a quienes le habían ocupado la
casa. Es decir, que además de cornudo, querían que pusiera la cama, y como no
lo hizo, le apalearon.
Ahora, un juez ha anulado semejante dislate. Teniendo
en cuenta que algunos propietarios acumulan sanciones por hasta siete millones
de euros, interesa que la cosa tenga continuidad.
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