Si el espíritu del ordenamiento jurídico se cumpliera tan bien como la letra, el Tribunal Constitucional sería una institución respetada, porque determinaría con imparcialidad si los actos y las normas son conformes a la norma suprema de nuestro entramado legislativo -tratados europeos aparte- o no.
Como, en la práctica, la corte de
garantías está prostituida desde su mismo inicio -cuando avaló la
constitucionalidad de la (por otra parte necesaria) expropiación de Rumasa por
decreto-ley-, nada de lo dicho en el primer párrafo ocurre. Lo que no es óbice
ni cortapisa para que la izquierda en general, y en particular el desgobierno
socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer, afirmen campanudamente que
como el Tribunal Constitucional ha dicho que tal o cual acto es constitucional,
hay que oír, ver y callar.
Hay, sin embargo, otros órganos
que están mucho menos politizados. Es el caso del Tribunal Supremo, que ya
advirtió al mamporrero en Domenico Scarlati del psicópata de la Moncloa que el
aval del Tribunal Constitucional a la bajada de pantalones ante los
secesionistas con barretina no invalidaría el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y en Luxemburgo, la coalición Frankenstein tiene menos predicamento…
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