Un movimiento que busque subvertir la legalidad constituida ya es bastante grave. Pero es todavía peor cuando son las propias instituciones las que conspiran contra el ordenamiento dentro del cual se desenvuelven.
Y eso es lo que ocurrió en Cataluña
con el butifarrendum II (el primero no pasó de ser una mamarrachada),
que fue el propio consejo regional de gobierno y la asamblea legislativa
regional la que, dirigidas por los secesionistas, proclamaron la independencia
de una república que nunca llegó a existir.
Hace unos meses, el filósofo
perico fue investido presidente del consejo regional de gobierno. En esas
fechas, uno de sus predecesores, el huido Cocomocho (el mismo que
proclamó la independencia y luego salió por piernas -es un decir, iba oculto en
el maletero de un coche- rumbo a Waterloo) se paseó por Barcelona para rebuznar
sus proclamitas. Y se paseó como Pedro por su casa, sin que las fuerzas del
orden hicieran, aparentemente, el menor esfuerzo por detener a un prófugo de la
Justicia.
Y hace mes y medio se supo que pudo hacerlo porque la cúpula de la policía regional se conjuró para no detenerlo.
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