Está muy bien que la Fiscalía investigue el linchamiento social a la familia de Canet de Mar que tuvo la osadía de reclamar el cumplimiento de la Ley y la ejecución de las resoluciones judiciales.
Está incluso mejor que el fiscal Superior de Cataluña advierta a los directores de centros escolares sobre las consecuencias penales si no aplican el
fallo del veinticinco por ciento (mínimo, recordemos) de las clases en español.
Pero la fiscalía ya sabemos de quién depende: de quien está conchabado con quienes se pasan la legalidad y las resoluciones judiciales por el escroto.
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