A pesar de lo que pueda parecer por su nombre y de lo que muchos puedan creer, el Tribunal Constitucional no es, en su concepción, parte del poder judicial. Columpiándome un poco, diría que su función es determinar si una norma o un acto determinado -incluyendo dentro de estos actos las resoluciones judiciales- están o no ajustados a la Constitución.
Lo malo es que, prácticamente desde su origen,
se convirtió en un órgano profundamente politizado. No sólo por el modo en que
sus miembros son designados, sino porque la izquierda (en esto, que recuerde,
la derecha no ha pecado) lo ha utilizado como coartada para dar una apariencia
de legalidad a sus desafueros.
Porque inconstitucional fue la expropiación
de Rumasa por decreto-ley (debería haberse hecho por una ley en sentido
estricto). Porque inconstitucional de la cruz a la fecha era el sedicente
estatuto sedicioso de Cataluña. Porque perfectamente ajustada a Derecho era la
condena a los responsables del mayor robo que se ha producido en España, el de
los EREs falsos de Andalucía. Porque inconstitucional es la ley de bajada de
pantalones, tanto por su contenido como por su objetivo último. Y en todos los
casos, el Tribunal Prostitucional ha servido a los intereses del partido
de la mano y el capullo. Se ha convertido en una especie de tribunal superior
del Supremo, que casualmente barre siempre hacia Ferraz.
Sin embargo, hay en el poder judicial quienes
todavía tienen principios, decencia y respeto por el ordenamiento jurídico. Los
hay quienes no se doblegan a las presiones políticas, vengan de donde vengan
(hacia dónde van, ya lo sabemos). Como la Auidencia de Sevilla, que ha
recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el indulto que Golpe
Pumpido otorgó a los condenados por el caso de los EREs falsos, para evitar
lo que, muy acertadamente, denominan un riesgo sistémico de impunidad.
Todavía hay esperanza.
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