El que aprende de los errores propios es sabio. El que aprende de los errores ajenos es prudente. El que, vistos los errores ajenos, persevera en la misma línea de conducta, es un necio. Como el artículo que comento dice las cosas mejor que yo, me voy a limitar a extractar los puntos más reseñables.
En el año 2000, Suecia sustituyó un gravamen
variable sobre la producción nuclear por un nuevo tributo volcado sobre la
capacidad instalada. Durante los años siguientes el impuesto fue escalando con
regularidad. En enero de 2006 casi se duplicó. En 2014, el nuevo gobierno
socialdemócrata propuso subirlo casi un cincuenta por ciento (es decir, que en
quince años el gravamen se habría triplicado), incremento que se aprobó
efectivamente en junio de 2015. Para entonces, el sector nuclear sueco abonaba
cerca de cuatro mil quinientos millones de coronas anuales solamente por este
concepto. Algo más de cuatrocientos millones de euros, al cambio actual.
En términos de coste operativo, el impuesto
de capacidad elevaba el coste total de generar este tipo de electricidad hasta treinta
y dos céntimos de corona por kWh, mientras que el precio de mercado al que se
vendía esa electricidad rondaba los veintidós céntimos. Es decir, cada
kilovatio-hora nuclear se producía bajo un marco de pérdidas garantizadas.
El resultado fue que, entre 2.015 y 2.017,
los operadores anunciaron el cierre anticipado de cuatro reactores que estaban
completamente operativos. No se daba un apagón por razones de seguridad, puesto
que ninguno tenía problemas técnicos que justificaran el cese. Simple y
llanamente, resultaba económicamente imposible acometer las inversiones de
modernización exigidas por el regulador cuando la rentabilidad era negativa por
decreto. Suecia pasó así de tener doce reactores operativos a apenas seis, de
modo que la capacidad nuclear instalada cayó aproximadamente en un 35%.
El Sur de Suecia, donde se concentraban las
centrales empezó a acusar la pérdida de forma especialmente aguda. Hasta 2.020,
cuando se completaron los cierres, las diferencias de precio entre las zonas Norte
y Sur del mercado eléctrico sueco eran prácticamente inexistentes. A partir de
entonces los precios del Sur comenzaron a divergir de los del Norte con
creciente violencia.
En junio de 2016, el Parlamento sueco
reconoció abiertamente el error cometido. Un acuerdo transversal firmado por
socialdemócratas, moderados, liberales, centristas y demócrata-cristianos
eliminó progresivamente el impuesto de capacidad nuclear, que desapareció
definitivamente el 1 de Enero de 2.018: el mismo gobierno que dos años antes
había intentado subir aquel tributo aún más acabó firmando su abolición.
Para entonces, los cuatro reactores ya
cerrados no podían reabrir. Lo que sí era posible era construir de nuevo. El
acuerdo de gobierno de Octubre de 2.022 comprometió un paquete de garantías de
crédito público de algo más de treinta y cinco mil millones de euros (al cambio
de entonces) para financiar la construcción de nueva capacidad nuclear (aproximadamente
el cinco o seis por ciento del producto interior bruto de Suecia).
En Noviembre de 2.023, el gobierno sueco concretó
su objetivo, señalando que pretendía llegar a 2.500 MW de nueva potencia
nuclear para 2.035 y volver a tener una capacidad equivalente a diez reactores,
incluyendo reactores modulares pequeños, para 2.045.
Mientras, España tiene siete reactores
operativos con una capacidad conjunta de 7.117 MW. Estos centros generan en
torno al 20% de la electricidad del país. En 2.019, el Gobierno firmó con los
operadores del sector el protocolo que conducirá a su cierre escalonado, entre 2.027
y 2.035. ¿Rectificará el desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia
de padecer?
Mucho me temo que no.
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