Fue en El espíritu de las leyes donde Charles de Secondat estableció el principio de la división de poderes como una de las bases de la democracia. Dos siglos y medio más tarde, un perito declaró que Montesquieu había muerto, significando que la división de poderes, al menos en España, había desaparecido.
Ese ingeniero técnico lo era todo en el
partido de la mano y el capullo. Cayó por un escándalo de corrupción de su
entorno -eso, para los que dicen que hay otro PSOE-, pero desde entonces
ningún partido gobernante, con mayoría absoluta o sin ella, ha hecho nada para
revertir la situación.
Al contrario, han extendido la partitocracia
a todos los ámbitos de la política. Sólo la existencia de personas con valor y
valores, singularmente en el mundo de la judicatura, impiden que, al modo de
Sauron si recuperara el Anillo Único, el PSOE cubra de oscuridad toda España.
Y a la cabeza de la judicatura se encuentra
una mujer, que preside el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder
Judicial, y que, a pesar de haber sido propuesta por la izquierda, no tiene
ningún problema en denunciar un ataque contra el ápice de los tribunales tras
el bloqueo del ninistro Bolardos a los nombramientos.
Tiene más dídimos que muchos.
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