Ante
las reiteradas decisiones (llamarles normas
jurídicas o leyes sería faltar a
la esencia de las palabras) aprobadas en la asamblea legislativa de la
comunidad autónoma de Cataluña, las instituciones españolas parecen estar
actuando conforme a la Ley, pero no a toda la Ley. Me explico.
El
Consejo de Estado se ha declarado, por unanimidad, en contra de las citadas decisiones. El Tribunal Constitucional ha prohibido la perpetración del Butifarrendum II. El presidente del
Gobierno, tan aficionado a soltar perogrulladas campanudas, ha dicho que no existe ninguna legitimidad alternativa,
que lo que no es legal no es democrático
y que sabe lo que está en juego y lo que
se espera de él (repárese en que no ha dicho qué es lo que va a hacer). Ante
esto, los golpistas no han acusado el golpe y persisten en celebrar la
mamarrachada con urnas, mientras que Cocomocho,
contestando al Constitucional, ha dicho que tendrán las calles llenas de gente.
Pero
hay más en la Ley. Está el Código Penal, que castiga el delito de sedición
incluso, creo recordar, en estado de conspiración. Y está, no me cansaré de
decirlo, en artículo 155 de la Constitución, porque ¿hay algo que atente gravemente al interés general de
España en mayor grado que pretender cargarse el país?
Los
golpistas no atienden a la fuerza de la razón. Pues bien, hagámosles sentir la
razón de la fuerza.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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