En una democracia, en un Estado de Derecho, todos los ciudadanos, del primero al último, son iguales ante la Ley. No unos más iguales que otros, como ocurre en Rebelión en la granja, porque eso no es una democracia aunque alardee de tal.
Por eso, que el juez que está instruyendo la
causa contra la pareja del psicópata de la Moncloa llame a éste a declarar es algo
que, no por menos obvio y natural, resulta importantísimo. Demuestra que no
todo en España está sujeto al arbitrio de un narciso ayuno de escrúpulos, autócrata
y miserable. Demuestra que hay todavía en España quienes creen en la separación
de poderes y en la aplicación de la Ley, sea sobre quien sea y caiga quien
caiga.
Y demuestra que hay también sujetos
miserables, ruines y lacayos, que cuando su amo dice salta lo hacen,
aunque sea de cabeza al precipicio. Como el ministerio público, que para esto
se ha convertido en el ministerio particular de la camarilla monclovita, y que
ha pedido al juez instructor anular la citación del presidente del desgobierno
socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer. A mayor abundamiento, la
catedrática indocta -ágrafa, habrá que decir- también ha recurrido la citación,
diciendo que la fundamentación del juez es inexistente.
Como su cualificación académica, no te jeringa…
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