Convertida la fiscalía general del Estado en la fiscalía particular del desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer, no resulta extraño que la abogacía del Estado se haya convertido, a su vez, en el bufete particular del psicópata de la Moncloa y sus compañeros de lecho.
Lo malo (para él) es que la obediencia
perruna que muestran algunos de los miembros de este cuerpo no va apoyada por una,
no vamos a llamarle brillantez (que sería pedir demasiado), traza de lustre
jurídico que permita esperar que las acciones legales emprendidas tienen algún
viso de prosperar.
Y así, obligados por mandato de la
superioridad a presentar una querella por prevaricación contra el juez que ha
tenido la osadía de investigar a la pareja del psicópata, y citar a éste
como testigo, toman como fundamento jurisprudencial una sentencia en la que se condenó por prevaricación a un juez… que impidió la práctica de diligencias, en luhgar de instar la misma.
O sea, que se basan en el quedarse corto para atacar al que, presuntamente, se pasa.
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