España necesita un partido cohesionado y razonable en la izquierda, al igual que lo tiene en la derecha. Durante mucho tiempo -prácticamente desde el comienzo de la Transición, con el progresivo arriconamiento del Partido Comunista, travestido luego en Izquierda Unida-, ese papel lo representó el Partido Socialista Obrero Español. Desplazándose desde posiciones marxistas a un izquierdismo más razonable, no abandonó sin embargo la seña definitoria de identidad que tan bien expuso su fundador: atenerse a la legalidad sólo cuando conviniera a sus fines.
Con el cambio de siglo y el ascenso a la cúpula del partido de José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo, el rasgo más perverso del ADN socialista tomó la prevalencia: adquirir y conservar el poder a cualquier precio, desde pasar por encima de doscientos muertos hasta llegar a tratos con los asesinos terroristas, desde coaligarse con los separatismos hasta considerar que el concepto de la nación española es algo discutido y discutible.
Se hacía necesario, por tanto, un gran partido nacional de izquierdas. Descartado el PCE por su carácter extremista, sus amistades peligrosas y su naturaleza federal que le impide tener un discurso unitario a nivel nacional (compárense las federaciones andaluza, catalana o vasca con la extremeña), parecía que ese papel podría desempeñarlo un partido nuevo, reciente, como Unión Progreso y Democracia. Aunque sólo fuera por la reacción que despiertan en los partidos establecidos cuando dicen las verdades del barquero (desde el desdén socialista a la grosería popular), parecería que la cosa promete.
Sin embargo, la formación presenta un grave inconveniente. Dicho inconveniente no es otro que su figura más visible, la inefable Rosa Díez. Y es un inconveniente tanto por su pasado socialista (y de consejera en consejos presididos por el PNV, nada menos) como por su nada disimulada tendencia a la demagogia fácil. Así, junto a propuestas sensatas como proponer medidas de regeneración de la democracia española (que falta hacen, la verdad), se descuelgan a continuación pidiendo la convocatoria de elecciones constituyentes (nada menos: ¿qué le hace pensar que de esas elecciones saldría un Parlamento lo bastante razonable como para permitir elaborar y aprobar una nueva Constitución?)) en un año (por si no tuviésemos ya bastantes elecciones) y emitiendo un manifiesto trufado de propuestas que, si bien suelen ser razonables, ya existen en una gran parte (el problema es que no se aplican): la inelegibilidad de las personas acusadas por delitos de corrupción política, castigo de los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos, de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos y de omisión o falsedad de la contabilidad y patrimonio social de los partidos políticos y de los cargos públicos.
Otras propuestas, por contra, son, más que necesarias, imprescindibles: reforzar la independencia y autoridad sancionadora de los organismos reguladores y de control público de la actividad económica privada y pública (Tribunal de Cuentas, Agencia Tributaria o Banco de España), acabando con su dependencia de los partidos políticos y del Gobierno; implantar una auténtica justicia independiente, acabando con el reparto del CGPJ entre las asociaciones de magistrados dependientes de PP y PSOE u otros partidos (¿en qué partido militaba Rosita cuando el PSOE laminó la independencia judicial?), y dotando a la administración de justicia de medios humanos y materiales suficientes; y resolver el modelo territorial del Estado con el reparto de competencias y su financiación, mejorar la separación de poderes, y asegurar el derecho a la participación política, la igualdad jurídica y de oportunidades y las libertades personales.
Otras, finalmente, son pura demagogia y oportunismo (aprobar una Ley de Transparencia exigente que incluya a la Casa Real, a los partidos políticos y sindicatos, y a cualquier institución que reciba ayudas públicas, obligando a dar información detallada y actual de su contabilidad y actividades, sin ampararse en el silencio administrativo o la justificación de la petición de información, y que regule la actividad de grupos de influencia o lobbys), bien barrer para casa en su propio interés (como pedir aprobar una Ley Electoral justa y proporcional que favorezca la representación del pluralismo político existente, permitiendo la participación política real de todos los ciudadanos... lo que, probablemente, concedería más escaños a UPyD... y con total certeza nos daría un parlamento tan atomizado que harían España ingobernable).
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
