A
pesar de la ingente campaña de palo y zanahoria que el desgobierno
socialcomunista ha emprendido para intentar salvar su imagen -la zanahoria a
base de mentiras, falsedades y sobornos a las empresas de televisión privada;
el palo, persiguiendo lo que ellos llaman bulos y no son sino críticas
legítimas a lo que muchos consideramos una gestión criminal; tanto, que un
informe sitúa a España como el país que peor ha gestionado la pandemia del
Covid-19-, en algunos círculos va calando la convicción de que no sólo hay que
criticar al desgobierno, sino que hay que hacerlo ya y pasar a la acción.
Así,
el Tribunal Supremo admitió hacia diez días un recurso contra el decreto de
estado de alarma por vulnerar derechos fundamentales -de acuerdo con la ley de
1.981, que regula los estados extraordinarios, en el estado de alarma se puede
restringir el movimiento de ciertas personas, en algunos momentos y en algunos
lugares, pero no a todo el mundo, todo el tiempo y en todas partes-, y dio cinco
días al ejecutivo de Sin vocales para entregar el expediente sobre el
estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. Hasta donde yo sé,
no ha habido más noticias sobre el tema, salvo que la Fiscalía -todos sabemos
quién es la Fiscal General del Estado, de qué pie cojea y cuál es su idoneidad
para el puesto- rechazará la competencia del Supremo para investigar si el
estado de alarma vulnera derechos fundamentales.
Por
otra parte, el Consejo de Enfermería presentó una querella criminal contra el
copista, el filósofo y el experto indeciso por su gestión de la pandemia (en
esa fecha ya había más de treinta y cuatro mil sanitarios infectados), y sindicatos
médicos y CSIF ultimaban querellas contra el perico filósofo por las
mascarillas falsas.
Para
remate, el inútil (porque no sirve para nada) ninistro de universidades
dejó la puerta abierta a una selectividad telemática, o sugiere que las
universidades consulten a los alumnos cómo evaluarles.
Por
ello, y por mucho más…
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