Si hay algo que carece de sentido en el ordenamiento constitucional español es estar cada cierto tiempo modificando el régimen de financiación autonómico.
Claro, que la cosa arranca de la propia norma
suprema del ordenamiento jurídico español, que concede a dos comunidades
autónomas -la vasca y la navarra- un régimen económico diferente al de las
demás. Y como en este país la envidia es el deporte nacional, los secesionistas
catalanes han estado piando por un sistema que consiste básicamente en que
ellos recaudan todo y ya devolverán al Estado lo que les parezca.
Así que, para arreglar las cosas, habría, en
primer lugar, que eliminar los privilegios de los territorios forales. Los privilegios
son inconstitucionales (el famoso artículo 14), y los fueros son algo, literalmente,
medieval.
Y, en segundo lugar, habría que establecer un sistema de una vez y para siempre (salvo los pequeños e inevitables ajustes). Algo basado en la solidaridad interterritorial, de modo que los territorios con mayor renta per cápita transfirieran a aquellos que -por menor desarrollo o mayor población- la tengan menor. Y como no es cuestión de criar vagos, debería producirse una mejora en la situación económica de los beneficiados -salvo imponderables como crisis económicas o cosa semejante- si no querían perder esas transferencias.
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