Muchos de los problemas que ahora tenemos en España derivan de la redacción de la Constitución de 1.978.
Iba a decir que podía ser por esto, por lo
otro o por lo de más allá, pero al final todas las posibles razones de la
redacción (perdón por repetir la palabrita) excesivamente amplia o vaga de
nuestra ley fundamental derivan de la inocencia, el buenismo, la candidez.
En un país en el que la envidia es el pecado
nacional, dejar abierta la posibilidad de que unos territorios tuvieran más competencias
que otros era una invitación al desastre. Llamar nacionalidades a unos y
regiones a otros iba a provocar que, con el tiempo, todas y cada una de
las comunidades autónomas se definieran como históricas, por más que
nunca hubieran supuesto ni una nota a pie de página en cualquier libro de Historia.
Porque, fiera por la vía rápida o por la vía
lenta, todas iban a terminar en el mismo lugar, en la taificación de
España, con cada región mirándose su minúsculo ombligo y resaltando lo que la
diferenciaba de las demás, en lugar de fijarse en lo que las une.
Urge, por tanto, que el Estado recupere
competencias: educación, desde luego; sanidad, para evitar despropósitos como
el caos durante la pandemia, o que un madrileño no pudiera usar su tarjeta
sanitaria en Cantabria; justicia, para que los tribunales superiores de
justicia no sean un pre-Supremo, además de otro juguete para que
disfruten los políticos; policía, por lo mismo que lo anterior.
Y desde luego, nada de representaciones en el
extranjero.
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