La llamada ley de memoria histórica, además de ser un oxímoron -la historia no es memoria-, es una norma sectaria, parcial y partidista. Es una norma no hecha para alguien, sino en contra de alguien: del bando vencedor en la guerra civil española, en concreto, y de todo aquello que suene a España, en general.
No
es que haga falta ponerlo de manifiesto: si no tienes anteojeras, lo ves; y si
las tienes (ideológicas), no las ves. Tanto la citada norma como su hija
bastarda (la de memoria democrática) defienden juzgar (presuntos) crímenes
cometidos durante la guerra civil y el franquismo, por más que las leyes de
amnistía lo hagan imposible.
Sin
embargo, hace algunos años el juez condenado por prevaricación, defensor de
tiranos, amigo de ratas de cloaca y, quizá, amigo especial de la fiscal
general del desgobierno socialcomunista, rechazó una querella contra Santiago
Carrillo por la matanza de Paracuellos del Jarama (eso sí que fue un genocidio)
por abuso de jurisdicción.
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