Los comunistas tienen una gran afición a prohibir cosas (a los demás). Pero es que, además, sostienen que lo hacen por el bien de los demás, y aportan las más peregrinas justificaciones para sostener sus posturas.
Tomemos
el caso de Alberto Garzón, un paleocom de la vieja escuela, valga la rebuznancia.
Su ministerio, el de Privación (he tenido que irme a internet a buscar
un antónimo de consumo) prohibirá los números de tarificación adicional, los
conocidos como 902, que se utilizan en numerosos servicios telefónicos de
atención al cliente, porque no pueden ser un coste para los consumidores y
un negocio para unas pocas empresas.
O,
en dos palabras, por justicia social. Que ni es justicia, ni es social.
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