lunes, 4 de abril de 2022

Coronavirus (543)

Como ya he mencionado unas cuantas veces, el problema de la izquierda es que, siendo una ideología vieja de dos siglos, no ha evolucionado con el paso del tiempo, y sigue anclada en el mundo de hace doscientos años, tanto en sus postulados como en la concepción general: piensa que todo sigue exactamente igual que a comienzos del siglo XIX.

Y, de todos, los más anclados son los izquierdistas españoles, que parecen pensar que se dirigen a una sociedad de borregos, más tontos que hechos aposta y que se van a tragar todo lo que les suelten porque les va a resultar imposible verificar sus trolas.

Pero no es así: por eso, cuando dicen que Europa investiga los contratos del hermano de Isabel Díaz-Ayuso, uno podría creérselo y pensar que la comunidad de Madrid está en manos de una política nepotista (que no digo que no, pero le concedo el beneficio de la duda), a la que sólo los denodados esfuerzos de la Justicia, encabezada por una fiscalía a la que sólo mueve el interés general y la defensa del ordenamiento jurídico.

Sólo que las cosas no son exactamente así: resulta que la representante de España en la fiscalía europea -que es la persona que ha promovido la posible investigación a nivel europeo de esas presuntas irregularidades en la comunidad de Madrid- ya intentó investigar en Europa al PP en relación con el caso Acuamed, cosa que no pudo ser posible porque los hechos en cuestión eran anteriores a la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea (pero, ¿qué es la irretroactividad de la Ley Penal para la izmierda?); que esa misma fiscal se quedó al borde de la imputación, tras ser denunciada por presunta prevaricación ante el Tribunal Supremo junto al exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por intervenir las escuchas de los abogados del caso Gürtel con sus clientes; y que la fiscal general europea ha acusado a la fiscal general del desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer de desafiar a la UE con el caso del contrato del hermano de la presidente madrileña, al considerar que su decisión no se ajusta a la legislación de la UE.

Por ello, y por mucho más…

¡¡¡EL GOBIERNO ES RESPONSABLE!!!


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