La justicia española nunca ha sido especialmente rápida. O, por decirlo de otra manera, lleva fama de ser más lenta que el caballo del malo. Sea por insuficiencia de medios, sea por acumulación de procedimientos, el hecho es que, en España, la Justicia llega tarde y, por tanto, mal.
Pero es que, cuando las
consideraciones políticas entran en juego, la cosa se ralentiza todavía más. Sobre
todo si la sentencia puede perjudicar a la izquierda: entonces, se toman todas
las consideraciones del mundo mundial, y algunas del extranjero.
Ocurrió cuando no se llamó
a declarar a Felipe González por el caso GAL, para no estigmatizarle; no
tuvieron tanta consideración cuando llamaron a declarar a Mariano Rajoy (que
pudieran pillar a un gallego en un renuncio, es otro tema). Y ha vuelto a
ocurrir con la sentencia de los ERE, que se conocerá después de las elecciones
andaluzas para no interferir en el resultado.
Eso: no vaya a ser que tengamos, confirmado resolución judicial, que los que votan socialista votan corrupción y malversación de caudales públicos.
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