La izquierda bebe, en general, de la inspiración marxista. Como toda obra es un reflejo de su creador, el marxismo es como el mismo Marx: culpa a los demás de sus desgracias, es intelectualmente pobre -que seas muy escribido no quiere decir que seas muy leído, y mucho menos que seas mínimamente inteligente-, incapaz de dar un palo al agua, económicamente ruinoso, y por encima de todo, profundamente totalitario.
Así las cosas, no es de
extrañar que un sujeto tan amoral como el psicópata de La Moncloa, que además se
proclama socialista, preguntara retóricamente que de quién dependía el fiscal
general del Estado (o la fiscalía, no recuerdo exactamente sus palabras).
Lo malo es que, a pesar
del principio de jerarquía que vertebra el llamado ministerio público, está
integrado por personas. Personas que, además, han tenido que estudiar y aprobar
una oposición bastante dura, oposición que han elegido por vocación, no por
descarte: nadie se mete a fiscal, o a juez, porque no sabe qué hacer en la vida.
Personas con inteligencia y por criterio. Personas que, en fin, son en general
lo opuesto al rebaño de dóciles borregos que pretende pastorear cualquiera de
los integrantes del (felizmente) disuelto dúo Picapiedra.
Por ello, no resulta de
extrañar que la mitad de los fiscales de Sala firmaran un documento en el que exigían a la fiscal general del gobierno que solicitase al Congreso de los
Diputados retirar una enmienda -camuflada, además, de tapadillo en la Ley
Concursal, que ya me dirán qué demonios tiene que ver con la carrera fiscal-
que haría que el fiscal general del Estado tuviera que informar por escrito
al Gobierno, por su propia iniciativa o cuando éste lo interese y siempre que
no exista obstáculo legal, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos
asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza
y relevancia deba conocer.
Como casi siempre, la
izmierda concibe el poder como algo que sólo les corresponde a ellos, y ni se
plantean el perderlo. Porque cuando -esperemos que más pronto que tarde- el
desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer deje de
detentar el poder, serán otros los que gobiernen, será otro el fiscal general,
y éste informará a aquéllos.
En otra maniobra, los
totalitarios pretendían otorgar un retiro dorado a la concubina del ex juez
prevaricador, ascendiéndola de golpe y porrazo a la categoría de fiscal de sala
del Tribunal Supremo, el cargo de mayor rango de la carrera. Contra esta
iniciativa, la Asociación de Fiscales presentó una denuncia ante la Comisión Europea, y pidió al comisario de justicia que adoptase las medidas oportunas
para evitar el menoscabo de la independencia de la fiscalía.
Y como no hay dos sin tres, la sala de lo contencioso administrativo del Supremo estimó los recursos presentados contra la designación del candidato decidido por la fiscal general del gobierno para ocupar la plaza de fiscal de la sala de menores, destacando la falta de motivación del nombramiento. Teniendo en cuenta, además, que el nombrado no tenía ni refitolera experiencia en materia de menores.
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