Cuando
tiene lugar una crisis, hay dos tipos de personas (bueno, tres, si contamos a
los que no hacen ni una cosa ni la otra; cuatro, si contamos a los que no hacen
nada salvo dedicarse a decir lo que se debería hacer; cinco, si contamos a los
que no hacen más que criticar; seis… bueno, creo que se me entiende): los que
prestan ayuda y los que la piden.
En
el caso de la pandemia del COVID-19, entre los primeros estaría, por ejemplo, Amancio
Ortega, que tanto personalmente como a través del conglomerado empresarial que
dirige, a puesto cuantiosos medios financieros y materiales a disposición de la
sociedad, al objeto de mitigar los estragos causados por la inacción e inepcia
criminales de este Gobierno que muchos no hemos votado, pero que es el que
tenemos (y el que tenemos que padecer, además).
Entre
los segundos estarían, en cambio, los medios de comunicación, sobre todo
aquellos que se han apresurado a pedir ayuda al Estado por las pérdidas
causadas por el estado de alarma. Parecen olvidar que un medio de comunicación
-aunque esencial en un sistema democrático, si es que hablamos de medios
verdaderamente libres e independientes- no es otra cosa que un negocio, una
empresa. Y cuando un negocio no es rentable, se cierra y a otra cosa, mariposa.
Además de que, si es el Estado el que los rescata, esos medios quedarían
enfeudados con el poder público que les habría sacado del hoyo… o eso pensaría
ese poder público, al menos.
Por
eso, en una de esas propuestas lógicas que plantea -también las tienen
demagógicas e irrealizables, no vayáis a pensar que me ciega la pasión-, Vox quiere impedir semejante rescate. Por si no hubiera suficientes mamones chupando
de la teta del Estado, íbamos a poner a más todavía…
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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