Dada la politización a la que durante el felipato sometió el PSOE a todo lo que se le puso por delante -politización que ninguno de los gobiernos que han venido después ha aminorado en lo más mínimo-, muchos de los elementos del edificio institucional de España carecen, para algunos, de la más mínima credibilidad.
Quizá
la excepción sea el Defensor del Pueblo, para el que, por lo general, se elige
a personas respetables. Pero ni el Supremo, ni el Constitucional, ni el CGPJ,
han dejado de ser habitualmente una simple correa de transmisión de los
partidos que propusieron a sus miembros.
Sin
embargo, parece que todo tiene un límite, y que el desgobierno socialcomunista
ha cruzado ese límite. Decididos a controlar (aún más) el llamado órgano de
gobierno de los jueces, amenazó con paralizar la posibilidad de que el
mismo realizara nuevos nombramientos hasta que no se renovaran sus miembros,
bien por las buenas -llegando a un acuerdo con el PP, siguiendo el sistema
actual- o bien por las malas (cambiando la mayoría de elección, de cualificada
a absoluta).
Pues
bien, el CGPJ ha plantado cara a los sociópatas que nos gobiernan y hace algo
más de tres semanas realizó cuatro nuevos nombramientos, incluso con el voto
favorable de vocales progresistas (léase, nombrados a propuesta de los de la mano y el capullo).
Quizá
no tengan su corazoncito, pero parece que un adarme de dignidad sí que les ha
dado.
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