Cría cuervos y tendrás muchos

Hay ocasiones en las que, so capa de democratizar determinadas figuras o instituciones, lo que se hace es desnaturalizarlas. En el mejor de los casos, por ingenuidad; en el peor, por perversidad.

El caso del poder judicial es paradigmático. Buscando materia (o fundamento) para esta entrada me he encontrado con cosas que desconocía: ahora resulta que hasta yo voy a aprender cosas, gracias a mi blog. A lo que iba.

La vía ordinaria (y que, en mi opinión, debería ser la única) de acceso a la carrera judicial y fiscal es la oposición (y unas oposiciones bastante duras, además: conozco a personas perfectamente capaces y brillantes que no las han sacado). Pero luego están los turnos:

• El tercer turno fue una vía de acceso a la carrera judicial con categoría de juez para juristas de reconocido prestigio, con más de seis años de ejercicio profesional instaurado por la LOPJ de 1985 (artículo 301), reiteradamente denostado por algunos sectores judiciales y finalmente eliminado por la LOPJ de 2003.
• El cuarto turno (que era el sistema que me disponía a poner a parir) se contemplaba para juristas de reconocido prestigio y más de diez años de ejercicio profesional, como vía de acceso a la carrera judicial con la categoría de magistrado.
• El quinto turno (no sabía que lo hubiera) es un sistema de acceso al Tribunal Supremo para juristas de reconocido prestigio, con más de quince años de ejercicio profesional.
• El llamado turno autonómico (otro que desconocía) se configura mediante el nombramiento de juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio para ocupar plazas bloqueadas de magistrado en las Salas Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, a propuesta del parlamento autonómico correspondiente.

El problema en todos los casos -en el último, además, se da el agravante de que es una asamblea legislativa la que nombra- es ese concepto tan vago del reconocido prestigio. ¿Qué es el prestigio? ¿En qué medida hay que poseerlo? Y, sobre todo, ¿quién demonios lo reconoce?

Tomemos el caso de Álvaro Cuesta (de nombre completo, otra cosa que desconocía, Álvaro Francisco Narciso Cuesta Martínez), miembro del Consejo General del Poder Judicial. ¿Con qué méritos? Ser licenciado en Derecho y haber sido diputado treinta años. Así las cosas, no es de extrañar, no sólo que haya recibido instrucciones de provocar enfrentamientos en el seno del órgano de gobierno de los jueces, sino que además siga dichas instrucciones.

Porque quien está en el órgano de gobierno de los jueces no es, como debiera ser en un mundo lógico, un juez, sino un político. Y uno de la peor ralea.

¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!