Da lo mismo si el psicópata de la Moncloa está al frente del proceso de demolición del Estado de Derecho o no es más que un tonto útil de los secesionistas vascos y catalanes: el hecho es que, por convicción o por necesidad, les va a dar todo lo que están pidiendo.
Entre otras cosas, tornar inútil
(o sometido) el poder judicial, el único que hasta ahora -el legislativo y el ejecutivo
venía a ser una misma cosa, al menos en lo que hace al Congreso de los
Diputados- funcionaba como un dique de contención contra la marea liberticida.
Porque los terroristas vascos
pretenden aplicar la figura del lawfare a la Guardia Civil, y
perseguirla por su labor contra ellos en Vascongadas y Navarra. Mientras, los cocuquistas
tienen intención de presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra
el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial y los vocales
conservadores del organismo por su inaceptable intromisión (debe ser que
las hay aceptables) en la función legislativa del Congreso, al autorizar
y participar en el Pleno extraordinario que propició la declaración
institucional contra la Ley de Amnistía sobre el 1-O.
Parece que ha empezado el ragnarok del sistema democrático español. Está por ver si triunfan las fuerzas del mal o son derrotadas.
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