Contra la oleada liberticida que se nos echa encima, comandada por el psicópata de la Moncloa y pilotada por el desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer, es importante la existencia de diques de contención, de rompeolas, de barreras en suma. Porque, de lo contrario, la ola nos anegará y acabará con nosotros.
Y una de esas últimas murallas
-de ahí el empeño de la coalición Frankenstein en conquistarla- es el
poder judicial, que siguiendo el mandato constitucional de aplicar el
ordenamiento jurídico, intenta poner coto a sus desmanes. A finales del mes
pasado tuvimos dos buenas noticias en este sentido.
Primero, el Tribunal Supremo tumbó
el nombramiento como presidente del Consejo de Estado de quien fuera ninistra
de uno de los gabinetes del psicópata de la Moncloa, por no ameritar,
que dirían nuestros primos del otro lado del charco, el requisito de ser jurista
de reconocido prestigio: al parecer, el que te lo reconozcan tus conmilitones
no es suficiente. Después, el Consejo General del Poder Judicial dictaminó que
el actual fiscal particular del gobierno, y candidato de éste a repetir, no es idóneo para el puesto... algo que, viniendo recomendado por quien venía, es
decir, su predecesora en el cargo, cabía suponer.
El desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer se pasará ambos desaires por el escroto, que bien escocido lo deben tener ya; pero al poder judicial, parece, prefiere morir de pie a vivir de rodillas.
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