En una variante del ahogamiento lingüístico catalán -llamarlo inmersión es demasiado suave-, el gobierno más débil y con menos escrúpulos del último medio siglo de la historia de España pretende, sobre incumplir la Constitución (y van…), hacer que la lengua que hablan más de medio millardo de personas en todo el mundo esté proscrita, o casi, en el país en el que nació.
En
efecto, en un texto con erratas -viene siendo una constante en los engendros
legislativos que alumbran los neocom, recordemos la ley calientacamas-
los de Iglesias, junto con etarras e ierrecos, piden obligar al funcionariado a
hablar las lenguas cooficiales independientemente de su ubicación física.
Para no alargarme: conmigo que no cuenten. Y, por una vez, cambio la imagen de esta serie.
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