En una democracia normal, las instituciones no sólo harían cumplir las normas, sino que las cumplirían ellas mismas.
En una democracia normal, no
habría necesidad de acudir a los tribunales para exigir que las instituciones
se atengan al ordenamiento jurídico.
En una democracia normal, las
instituciones acatarían el ordenamiento jurídico y las resoluciones de los
tribunales de Justicia.
En una democracia normal. Pero España no lo es. Por ello, la asamblea legislativa regional catalana no emplea en sus notificaciones el único idioma que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a utilizar. Por ello, un partido político, Vox, tiene que reclamar al Tribunal Constitucional que la citada cámara legislativa regional utilice el español en sus notificaciones.
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