Cuando el PP se encontraba sumido en la mayor crisis de los últimos tiempos, o se encaminaba a ella aunque todavía no se percibiera, llegó a un acuerdo con el desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer para la renovación de algunos órganos constitucionales o de relevancia constitucional.
A priori, la decisión
era un error. Como no me canso de repetir, con la pandilla de inescrupulosos
que patronea el psicópata de La Moncloa no puedes ni ir a la esquina a por
tabaco. Hagas lo que hagas, van a mentir, te van a engañar y la culpa de
cualquier cosa, siempre y en toda circunstancia va a ser tuya.
A posteriori, los hechos
confirmaron mis sospechas. Como defensor del pueblo colocaron a Ñoñilondo II,
que apenas seis meses antes era candidato del PSOE a la comunidad de Madrid e
imploraba a los comunistas (¡a los comunistas!) coaligarse para parar a la
derecha. En cuanto al Tribunal de Cuentas, se produjo una renovación casi
total: sólo permanecieron dos miembros del Pleno anterior -incluida la actual
presidente, una de las más ideologizadas que se recuerda-, y por primera vez en
al menos cuarenta años no hubo ningún consejero de la casa; es decir,
que todos los candidatos estaban total, absoluta y profundamente ideologizados.
O eso, o algunos son débiles mentales: el Pleno ha aprobado una sanción de cincuenta mil euros al Partido Popular por financiación ilegal. Nada que objetar, salvo que la infracción era de novecientos, y que la sanción fue aprobada por unanimidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario