Para algunos políticos, al parecer epígonos de la indocta egabrense -o quién sabe si del ecocomunista-, el dinero público poco menos que crece en los árboles, y por tanto se puede disponer de él con total libertad para los fines más peregrinos, se esté en época de bonanza o de crisis.
Estos políticos suelen
ser de izquierdas, separatistas, golpistas o terroristas (estos últimos, cuando
no andan pegando tiros en la nuca o poniendo bombas). Hace cosa de un mes
presentaron una iniciativa en el Congreso de los Diputados, de modo que
cualquier trámite que se hiciera en el mismo pudiera realizarse en cualquiera
de las lenguas regionales cooficiales. Pero fueron aún más lejos: pretenden que
los diputados (no aclaran si también las diputadas) tengan el derecho de
intervenir en las sesiones del Pleno del Congreso y de las Comisiones en
cualquiera de las lenguas cooficiales reconocidas estatutariamente en sus
Comunidades Autónomas.
Para ello, se apoyan en
dos extremos: el artículo 3 de la Constitución, y el hecho de que las sucesivas
modificaciones del Reglamento del Senado hayan introducido paulatinamente el
uso de las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas distintas al español
en la vida parlamentaria de la Cámara alta.
Ambas apoyaturas se
desarman, precisamente, con el precepto constitucional que esgrimen. El uso en
el Senado, porque es un sinsentido, una estupidez que nunca debería haberse consentido; y el artículo 3, porque dice muy claro que el
castellano es la lengua española oficial del Estado, que todos los españoles
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, y que las demás lenguas
españolas serán también (es decir, además de, no en lugar de) oficiales
en las respectivas Comunidades Autónomas.
Así que, si nos ponemos puñeteros, y dado que tanto el Congreso como el Senado se encuentran en la Villa y Corte, sus señorías podrán hablar en español… o en cheli.
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