Llevo
tiempo diciendo que la actuación del gobierno español en relación con el COVID
19 es más que negligente y roza lo criminal. Parece que no soy el único que
piensa así.
Un
sindicato -los que me conocen saben que no me gustan los sindicatos, ni
siquiera el mío- ha declarado que considera que los contagios y fallecimientos que se han producido entre el personal sanitario pueden constituir delitos contra los trabajadores por infracción de normas de prevención laboral, lesiones y homicidio imprudente.
Iba
a decir que ahora sólo queda que pase de las palabras a los hechos y presente
una denuncia, pero he seguido leyendo el artículo -algo que los que me leen
con habitualidad saben que no suelo hacer, para no correr el riesgo de que me
estropee una buena diatriba- y veo que ese sindicato ya ha presentado ya una
denuncia ante el Tribunal Supremo y ha llevado a cabo actuaciones jurídicas en
todas las comunidades autónomas. No les auguro yo demasiado recurrido, teniendo
en cuenta lo bien aherrojada que la izmierda tiene la administración de
Justicia, aunque siempre cabe que les corresponda algún juez independiente.
En
descargo de Pierre Nodoyuna y su tropa, diría que la acusación del
sindicato parte de que considera que han desoído a la OMS: resulta difícil
prestar atención a una organización que, según las malas lenguas, cambia de
criterio como de chaqueta…
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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