Cuando un político que no es de su cuerda -iba a decir de derechas, pero la expresión que he empleado se ajusta más a la realidad- resulta mínimamente sospechoso de estar implicado, siquiera periféricamente, en la comisión de un delito, la izquierda española -neocom y criptocom- exige, constituida en juez, jurado y verdugo, la dimisión inmediata del susodicho, su ingreso en prisión y poco menos que tirar la llave.
En cambio, cuando el implicado es alguien de
sus filas, todo son disculpas: que si no ha sido imputado, que si no ha sido procesado,
que si no ha sido condenado, que todo es una conjura judeomasónica de una
justicia heteropatriarcal, retrógrada y franquista… Tanto da que, además, tal
defensa suponga ir en contra de sus propios postulados: un cargo neocom
defenderá hasta la muerte lo del hermana, yo sí te creo, hasta que la
citada hermana, haciendo gala de un espíritu muy poco fraternal, le
acuse de algún delito contra la libertad sexual.
Lo mismo ocurre con los delitos económicos. Si
quien roba ha sido el gobierno regional andaluz, durante cuarenta años y a
manos llenas, para gastarse el dinero de los parados en coca y putas, no pasa
nada porque, al fin y al cabo, no se lo metieron en sus bolsillos. Pero si el
acusado fue ministro de Aznar, y le acusan de haber falseado los datos
económicos de la entidad bancaria que presidía al salir a cotizar en la Bolsa,
entonces… entonces, que caigan sobre él todas las penas del infierno (laico,
por supuesto).
Poco importa que, andando el tiempo, el
Tribunal Supremo confirme la absolución del susodicho y de otros treinta y tresacusados en el caso. ¿Pedirá la izquierda disculpas? ¿Se desdecirá de lo que
dijo? Son preguntas retóricas, por supuesto, que se contestan con una sola
palabra, que empieza por ene y acaba por o.
Y ojo, que no me fío de la inocencia de los absueltos, pero…
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