Hay tres hechos relacionados que son malos de por sí, pero que tienen una gradación del tipo malo, peor y pésimo.
Malo es que un presidente de un gobierno presuntamente democrático esté convencido de que la fiscalía general del Estado, por el hecho de que su titular sea nombrado por el gobierno, dependa del ejecutivo.
Peor es que no le importe preguntar -retóricamente, además- en una entrevista televisada semejante convencimiento.
Y pésimo es que quienes
ocupan esa alta magistratura se presten a seguir los deseos de quien los
nombró, por más que los mismos sean ilícitos, ilegales o hasta
inconstitucionales.
Gracias a Dios, no todos en el ministerio público piensan de esa manera. A pesar del principio de jerarquía que preside su actuación, no olvidan los de defensa del interés general y de la legalidad.
Por eso, es bueno que los fiscales que participaron en el proceso judicial al
proceso secesionista anuncien que no acatarán la orden de su superior de avalar la amnistía a Cocomocho del desgobierno socialcomunista que tenemos la
desgracia de padecer. Y es todavía mejor que, negro sobre blanco, emitan un escrito en el que advierten a su superior que amnistiar la malversación es improcedente
y contrario a las leyes.
Todavía hay esperanza.
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