El 7 de Julio de 1.910, en su estreno parlamentario, Paulino Iglesias Posse dijo lo siguiente:
El partido que yo aquí represento aspira a concluir con los antagonismos sociales, a establecer la solidaridad humana, y esta aspiración lleva consigo la supresión del Magistratura, la supresión de la Iglesia , la supresión del Ejército, y la supresión de otras instituciones necesarias para ese régimen de la insolidaridad y antagonismo (...) Es decir, que este partido (...) estará en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad, como han estado todos los partidos, cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones.
Desde entonces, esa ha sido la única
constante en su más que centenaria historia. Por eso, que ahora el Tribunal
Supremo advierta conductas potencialmente delictivas en el partido de la
mano y el capullo -y no sólo en algunos de sus miembros más destacados-,
dejando la imputación en manos de la Audiencia Nacional, y que la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil vea indicios de la trama de financiación ilegal del partido en los gastos de su grupo en el Congreso sólo puede
sorprender a los incautos.
O a los necios.

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