Uno de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos -no en cuanto a gestión, sino en lo relativo a su catadura personal-, Richard Milhous Nixon, cuando estalló el escándalo Watergate, esgrimió como uno de los elementos de su defensa que aquellos actos que se habían realizado por orden del presidente eran, por tal razón, legales.
Es de suponer que una lógica parecida sigue Golpe
Pumpido, mamporrero en el Tribunal Prostitucional del psicópata de la
Moncloa: decida lo que decida, la norma o resolución a la que dé su aval será
constitucional, por el solo hecho de haber dicho tal cosa el que fuera fiscal
general del Estado con la toga embarrada.
Afortunadamente para España y los españoles,
no todos comparten semejante opinión. Efectivamente, hay magistrados de la
corte de garantías que han denunciado que su presidente tramitó el recurso de
amparo de un fiscal (casualmente, contrario al Partido Popular) cuando debería haberse abstenido, al haber sido subordinado suyo.
Pero lo que ya es de traca es la
justificación para conceder el amparo: resulta que la resolución judicial
desvirtuó el régimen legal de nombramiento discrecional y otorgó un trato
desigualitario al recurrente en amparo en el acceso al cargo por razón de su
menor especialización en menores frente a otros candidatos.
A la mierda el principio de mérito y capacidad.
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