Los separatistas catalanes y vascos siempre han mirado por sí: ni siquiera por la gente a la que dicen representar, sino por sus propias estructuras de poder.
Así las cosas, no es de extrañar que, con motivo de la reforma
constitucional acordada por los dos partidos mayoritarios en el Congreso, que
tenía como objeto modificar el articulo 49 sustituyendo disminuido por discapacitado
-además de colar de rondón una violación del artículo 14, puesto que
establecían diferencias de trato según los discapacitados fueran hombres o
mujeres-, intentaran, con sus enmiendas, colar más privilegios.
Los epígonos de Sabino Arana pretendían que se les reconociera el llamado derecho de autodeterminación, eliminar el artículo 155, arrebatar a las Fuerzas Armadas su obligación de garantizar la unidad nacional, acabar con la inviolabilidad del Rey y una Justicia propia.
Los neocom valencianos pedían reconocer el llamado Derecho
Civil Valenciano para hacer prevalecer la legislación valenciana en
derechos civiles como, por ejemplo, los casos de divorcio, mientras que los
pitiusos querían que se le reconociera a Formentera el derecho a tener un
senador más.
Finalmente, los jotaporcatos, que nunca están satisfechos -en esto, son la quintaesencia de los partidos regionalistas, una especie de agujeros negros en cuanto a reclamaciones- buscaban que se incluyera el terrorismo en la ley de amnistía.
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