Dice el refrán español que quien es juez y parte se lleva la mejor parte. Algo parecido podría decirse del fiscal particular del desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer.
En efecto, no dimite -ni es
cesado- del cargo que ocupa al ser investigado por un presunto -a diferencia de
los de la mano y el capullo, como Petisú, los de derechas mantenemos la
presunción de inocencia aun cuando todos los indicios inducen a pensar en que
es más culpable que Judas- delito de prevaricación, de los más graves que puede
cometer un miembro del poder judicial.
Sin embargo, lo irónico es que -aunque
el hecho de que el ordenamiento no previera la posibilidad de que la cabeza del
Ministerio Público pudiera ser imputado-, el artículo 145 del Reglamento del
Ministerio Fiscal establece que la persona titular de la Fiscalía General
del Estado podrá acordar motivadamente, con arreglo a los principios de
presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y
de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de
cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento
penal.
Caso en el que se encuentra su compinche, la fiscal jefe provincial de Madrid.
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