Cuando empezó a destaparse el escándalo del Watergate, Richard Nixon acuñó una doctrina jurídica que consistía, básicamente, en que si el presidente de Estados Unidos hacía algo, ese algo no podía ser ilegal, por definición.
Al parecer, el psicópata de la Moncloa -y,
por extensión, todo el partido de la mano y el capullo, más personalista hoy
que en ninguna otra etapa de su historia más que centenaria, y eso es mucho
decir- sigue una tesis parecida: cualquier norma emanada del Parlamento es ontológicamente
constitucional -y si no, ahí está Golpe Pumpido para darle el barniz de
tal-, aunque se cisque en todos y cada uno de los artículos de la norma suprema
de nuestro ordenamiento jurídico, legislación comunitaria aparte.
Por eso, el grupo parlamentario que portacocea Francisco Nadie presentó hace un mes el proyecto de ley orgánica que cedería a Cataluña el control de fronteras y la expulsión de extranjeros. Que sí, que es competencia estatal intransferible, pero oye… a ellos, ¿qué mas les da ese detallito?
Para ellos, la única fuente del Derecho son sus dídimos.
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