Un corolario de la sentencia que condenó a penas de cárcel a los golpistas que fueron lo bastante valientes -o lo bastante tontos- como para permanecer en España y no huir fue el hecho de que las instituciones regionales en general y el presidente del consejo regional de gobierno en particular, el nada honorable Chistorra, repitieran día sí, día también, aquello de libertad para los políticos presos.
Como
el racista se negó a seguir los mandatos de la Junta Electoral, que le conminó
a retirar de la fachada del edificio oficial la pancartita (nótese la ironía)
de marras, fue procesado por el Tribunal Superior de Justicia de la región, que
le condenó a una pena de inhabilitación, pena que acaba de ser confirmada por el Tribunal Supremo.
Ante
esto, las reacciones han sido variadas: el desgobierno socialcomunista no ha
hecho nada, probablemente porque está ocupado viendo cómo le mete mano a Isabel
Díaz-Ayuso, estoooo, cómo interviene la Comunidad de Madrid (pero no la de
Navarra, porque allí gobiernan gracias a los etarras, a los que también
necesitan para intentar sacar adelante el proyecto de presupuestos generales
del Estado); Partido Popular, Ciudadanos y Vox reclaman al desgobierno aplicar la sentencia y convocatoria de elecciones ya en Cataluña (¿para qué, para
perderlas?); Chistorra pide a los catalanes que empujen y que en las próximas elecciones ratifiquen el 1-O (es decir, vamos a por el Butifarrendum
III); y el puticlub, que nunca deja pasar la ocasión de dejar pasar la ocasión
(y luego se extrañará de que le piten por esas tierras de España), critica la inhabilitación.
La
cuestión es que, si los golpistas se pasan las leyes y resoluciones judiciales
por el epidídimo cuando no les gustan, ¿qué nos hace pensar que acatarán ésta?
