Por
más que la Constitución declare, en su artículo primero, que España es un
estado social y democrático de Derecho, lo cierto es que, casi desde el
principio y desde luego antes de que hubiera transcurrido una década desde su
entrada en vigor, lo que impera en España es la partitocracia: todas las
instituciones del Estado, si son pluripersonales -Consejo General del Poder
Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas… y lo
mismo a nivel autonómico- reflejan una división de afinidades partidarias que,
cuando menos, arrojan una sombra de duda sobre la imparcialidad que debería
presidir sus actuaciones.
Cuando
los partidos políticos de derechas no están en el poder, hacen proclamas por
las que juran y perjuran -más esto que aquello, como se verá- que, si llegan al
poder, cambiarán las leyes para que cambien las cosas. Pero una vez la derecha
ocupa el poder, sigue con el mismo estado de cosas con el que se encontró, que
fue el planteado por la izquierda que decretó, con toda la desfachatez del
mundo, la muerte de Montesquieu.
Por
eso, cuando Vox y Ciudadanos criticaron el pacto entre PSOE y PP para repartirse los miembros del Conejo General del Joder Judicial, fue, creo yo, porque no
pinchan ni cortan nada en ese reparto. Porque cuando el PP perdió la mayoría
absoluta, y parecía que el partido pomelo iba a comerles la tostada, ese
partido de la nueva política entabló conversaciones en orden a la
elección de miembros de alguno de esos órganos.
Así
que menos lobos, Tacirupeca…
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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