Uno de los grandes problemas del sistema político español actual es que, más que una democracia, es una partitocracia: todo se ha supeditado a los partidos políticos, y todos los órganos y organismos son dirigidos de acuerdo con o en proporción a la representación que los partidos políticos tengan en el respectivo ámbito territorial (nacional, regional o local).
La culpa de todo esto
es, fundamentalmente, de la izquierda (léase, del PSOE), pero la derecha
(léase, el PP) no está libre de responsabilidad, puesto que lo que critica
cuando está en la oposición lo mantiene al llegar al poder, porque le va bien y
le conviene.
A finales del año pasado
se llegó a un acuerdo -sorprendente por la rapidez y por las concesiones del
PP- para la renovación de algunos órganos constitucionales (o de relevancia
constitucional), entre ellos el Tribunal de Cuentas. La mayoría del Pleno
anterior recaía en el PP; la del actual, en el PSOE. Si a esto añadimos que de
los doce consejeros sólo repitieron dos (algo inusual), que esos dos (esas
dos) eran del PSOE y que no se nombró a nadie de la casa, era lógico que
saltasen las alarmas.
Pero de ahí a cómo se
han presentado algunas noticias por mi diario de referencia media un
abismo de proporciones colosales. Por ejemplo, se habló de una purga en
el Tribunal, en el que se habrían producido hasta setenta ceses. Pero
una vez se entra en el Tribunal, salir es complicado, a menos que el
funcionario quiera (y no suele querer, porque ¿dónde va a estar mejor que en el
Tribunal de Cuentas). Lo que ocurrió, en realidad, es que se recolocaron en
puestos distintos, sí, pero dentro del propio Tribunal.
Otra noticia que saltó fue
la de que se pretendió comprar el silencio de los sindicatos ante la purga
(que ya hemos dicho que no fue tal) estableciendo un cien por cien de teletrabajo (en rigor, trabajo en modalidad no presencial). En realidad, se debía a la sexta ola de la Covid-19, no duró más
allá de un mes y, sobre todo, era voluntario. Lo cual no impidió que los sindicatos reaccionaran, ofendidos.
Lo que sí es cierto es
que, con la Comisión de Gobierno en manos del PSOE -como antes lo estuvo en las
del PP-, el Tribunal corre el peligro de ponerse al servicio del liberticida de
la Moncloa. Algo que, repito, no es algo de lo que fueran inocentes plenos
anteriores con otra composición.
Únicamente, que ahora se hace con más descaro.
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