Lo malo de escribir las entradas con un cierto retraso en relación a las noticias de que se ocupan es que los hechos se producen a tal velocidad que se corre el riesgo -como es el caso- de que, llegado el momento de publicar la entrada, se hayan modificado de tal modo las circunstancias que la cosa haya quedado algo desfasada.
No es la primera vez que lo digo, lo sé. Como
tampoco es la primera vez que, viendo el vaso medio lleno, comento que ese
retraso da cierta perspectiva y permite un juicio más ponderado. Bueno, más ponderado
teniendo en cuenta quién es el que está emitiendo el juicio, claro está. Es decir,
un servidor.
Hace apenas una semana saltaba la noticia de
que PP y PSOE admitían contactos para renovar el Consejo General del Poder
Judicial más pronto que tarde. Ahora ya sabemos que el acuerdo se ha
llevado a efecto, pero entonces los pensamientos que nos asaltaban a los que
desconfiamos de cualquier acuerdo con los de la mano y el capullo mientras les
dirige el psicópata de la Moncloa eran varios.
El primero, en qué términos se produciría ese
acuerdo. No se nos ha olvidado -hace ya casi tres años, pero parece que fuera ayer-
cómo se renovaron el Tribunal de Cuentas y el Constitucional, y las
consecuencias nefastas de dicha renovación.
El segundo, si se respetaría un pacto que
beneficiara mínimamente a la independencia judicial y, por lo tanto,
perjudicara al autócrata. Ya sabemos que el embustero mayor del Reino cambia de
opinión con más rapidez de la que tuvo para cambiar el colchón de la residencia
oficial del primer ministro del país, por lo que su palabra tiene menos valor
que un euro de cartón.
Y al final hubo acuerdo, bajo los auspicios
de la Unión Europea, y aunque no se consiguió todo lo que a algunos nos hubiera
gustado -resucitar a Montesquieu, por citar a la contra a Alfonso Guerra-, al
menos se consiguió algo. Y es que un acuerdo regular conseguido es mejor que
uno bueno no conseguido.
Ahora, a ver si lo respetan.
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