No recuerdo exactamente el precepto concreto del Código penal, pero estoy bastante seguro que la constitución de una organización para cometer los delitos supone algún tipo de circunstancia agravante.
En esto, el partido de la mano y el capullo
se lleva la palma. Ya en su estreno parlamentario su fundador, Paulino Iglesias
Posse, declaró que actuarían al margen del ordenamiento jurídico (es decir, que
delinquirían) cuando el hacerlo dentro del mismo no les permitiera alcanzar sus
objetivos.
Y, durante su más que centenaria historia, su
devenir ha sido una constatación palmaria de semejante aserto. Prácticamente no
hay delito -del robo al asesinato, del terrorismo de Estado a la sedición- que
no hayan cometido con tal de detentar el poder un instante más.
Por eso, que los mensajes del caso Koldo (caso PSOE suma y sigue, habría que llamarlo) vinculen al filósofo perico y al anterior presidente del consejo regional de gobierno de canarias con los contratos de los test de la trama no debería constituir ninguna sorpresa para aquellos que carezcan de anteojeras ideológicas.
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