Dice un aforismo legal que quien es causa de la causa, es causa del mal causado, en el sentido de que, cuando se comente un delito o infracción, no ha de buscarse únicamente al responsable inmediato, sino también al responsable último, al que -por así decirlo- echó a rodar la bolita.
Esto, en política, rara vez se
da. Menos aún si hablamos de políticos de izquierdas, que ya sabemos que son,
según ellos, moralmente superiores e incapaces genéticamente de cometer un
delito. Pero cuando les pillan en un renuncio, se aprestan a hacer recaer la
responsabilidad sobre el culpable inmediato, en lugar de sobre aquél que le eligió;
y, si son medianamente inteligentes, colocan cuantos más cortafuegos,
mejor.
Luis Roldán era un chorizo y un
embustero, de acuerdo, que jamás debió haber llegado al puesto de director general
de la Guardia Civil (si el duque de Ahumada levantara la cabeza, le corría a
golpes de tricornio); pero tras su huida, debería haber dimitido el ministro
que lo nombró.
De igual modo, cuando se supo
todo el chanchullo -lo de chapuza se queda bastante corto- de los GAL,
José Barrionuevo fue a dar con sus huesos en la cárcel; pero el señor X,
el Pte, se fue de rositas, y ahí sigue, considerado como un gran
estadista (claro, que comparado con los que le sucedieron al frente del
partido, resulta lógica la atribución errónea de categoría).
Por eso, que ahora imputen a la jefa de conservación de Patrimonio Nacional por expoliar a la familia Franco al
aprehender el pazo de Meirás, se están librando los verdaderos responsables: el
ninistro de Injusticia en primer lugar, y el psicópata de la Moncloa en
último término.
Sin descartar al ambivalente máximo representante del Estado en la región…
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