En un país normal, las autoridades públicas cumplirían la Ley sin necesidad de que nadie se lo ordenara. Es más, incluso velarían por que los ciudadanos también cumplieran la Ley.
En un país normal, las
autoridades públicas acatarían las resoluciones judiciales -limitándose en todo
caso, quizá, a recurrirlas-, en lugar de pasarse por el escroto aquellas que
les fueran contrarias.
En un país normal, cualquier
partido que promoviera, alentara y persiguiera objetivos contrarios a la Constitución
y a las leyes sería ilegalizado o, por lo menos, se plantearía semejante
posibilidad.
En un país normal. Pero en Vich,
Cataluña, España, un juez ha tenido que ordenar a la alcaldesa de la localidad que coloque la bandera de España en el balcón principal del ayuntamiento.
Porque, por mucho que les joda -y
les jode mucho-, Cataluña es y está en España. Que no es, ni mucho menos, un país lo que se dice normal.
Desgraciadamente.
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