En un (presunto) Estado de Derecho como España, es un principio irrenunciable la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. Y esto es así aunque alguna indocta egabrense afirmase campanuda en sede parlamentaria que la Constitución no establece la igualdad entre hombres y mujeres.
Y quienes más deberían promover esta igualdad tendrían que ser, precisamente, los partidos de izquierdas, defensores (en teoría) de la abolición de cualquier tipo de privilegios.
Aunque, como ocurre
siempre, una cosa es la teoría y otra muy distinta la práctica. Y si eres separatista
catalán, enaltecedor de los terroristas vascos de ultraizquierda o, pongamos
por caso, cónyuge del presidente del desgobierno socialcomunista que tenemos la
desgracia de padecer, puedes ignorar impunemente los mandatos de cualquier autoridad
judicial, sabedor de que nada te ocurrirá.
Pero si eres una actriz que ha acusado de agresión sexual a un becario ubicuo, sólo te queda quejarte de la desigualdad de trato cuando pesa sobre ti una orden de arresto si no compareces en sede judicial.
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