El verdadero Estado de Derecho y la verdadera democracia se basan en el imperio de la Ley.
No en el ejercicio del sufragio
activo, como afirman los secesionistas catalanes, puesto que se votaba en la
España de Franco, y se vota en la Cuba castrista y la Venezuela bolivariana, y ninguno de esos regímenes sería considerado
democrático sin adjetivos (si a la democracia se le ponen adjetivos como
orgánica o popular, es que no es una verdadera democracia).
Tampoco en la mera actividad
parlamentaria, como sostiene el desgobierno socialcomunista que tenemos la
desgracia de padecer. Cortes había en la España franquista, y parlamento hay en
China, y Duma en Rusia, y no parece que tampoco esos regímenes sean
democracias.
Por eso, por mucho que desde el
consejo de ninistros bramen como las hienas que son, lo que tenían planeado
para salvar el escollo de la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional
cuyo mandato había expirado era, lisa y llanamente, inconstitucional. Y el
Tribunal Constitucional hizo bien en admitir a trámite el recurso del PP,
primero, y en aprobar las medidas cautelarísimas, después.
Y al que no le guste, que se rasque.
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