El autócrata de La Moncloa ya dio muestras de sus inclinaciones liberticidas cuando, al ser entrevistado, preguntó retóricamente de quién dependía el fiscal general del Estado, dejando claro que estaba convencido que del gobierno (es decir, de él).
A pesar de esto, y del principio
de jerarquía que es uno de los pilares del ministerio público, parece que hay
fiscales que tienen presente lo que establece el artículo 124 de la
Constitución Española -esto es, que promoverán la acción de la justicia en
defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así
como que velarán por la independencia de los Tribunales y procurarán ante éstos
la satisfacción del interés social-, y que por lo tanto no le hacen el juego al
desgobierno socialcomunista que tenemos la desgracia de padecer y a sus aliados
secesionistas.
Así las cosas, que los fiscales del proceso contra el butifarrendum II sostengan que el golpe de Estado que perpetraron los secesionistas encaja dentro del delito de desórdenes públicos ha supuesto una sorpresa para todos. Agradable para mí, y desagradable para el psicópata y los demás miembros de la coalición Frankenstein.
No hay comentarios:
Publicar un comentario