La izquierda española siempre ha acusado a los demás de defectos de los cuales ella adolece en mucho mayor grado.
Tomemos el ejemplo de la financiación
ilegal, algo que utilizó el psicópata de La Moncloa como excusa para montar su
moción de censura, apoyándose en una sentencia cocinada por un magistrado afín
y que ni siquiera condenaba a la formación de Génova.
Por ello, que la Unidad del Crimen
Organizado haya detenido al subdelegado en Valencia del desgobierno socialcomunista
que tenemos la desgracia de padecer, acusado de cobrar mordidas no
supone una sorpresa. Que en el Ayuntamiento de Valencia, controlado por la izmierda
-recordemos que hicieron la vida imposible, literalmente, a Rita Barberá-, se
haya destapado una trama de corrupción, tampoco. Que decenas de facturas revelen sobornos a cargos de la franquicia valenciana de los manos y el
capullo, y una posible financiación ilegal, era algo que sólo cabía esperar.
Que el conseguidor de la operación sea un exjuez fichado por el PSOE para limpiar
la corrupción del PP en Valencia entra dentro del modus operandi de
los socialistas.
Lo que ya empieza a ser rizar el
rizo es que el que fuera número dos de Timo Puch sea ahora el abogado defensor del cabecilla de la trama. Otra vuelta a la normalidad es que
el tesorero del PSOE valenciano -ser tesorero resulta profesión de riesgo, en
la política española- amañara contratos públicos del gobierno de Timo.
Como también es una vuelta a lo que se acostumbra en la izquierda española que anticorrupción -cuando la izquierda crea algo, hará justo lo contrario de lo que indique su nombre- no investigara la financiación ilegal del PSOE por Acuamed, o que en la asamblea legislativa regional valenciana la izquierda impida la creación de una comisión de investigación por el caso Azud.
Y es que, si buscas cerdos, encuentras chorizos.
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