Los
políticos españoles de izquierdas, sea cual sea su extracción -la judicatura,
el agro, los bares de las facultades universitarias, los consejos de administración
de las cajas de ahorros… tanto da que da lo mismo-, parecen tender a considerar
que el ordenamiento jurídico no es más que una molestia que pueden saltarse
impunemente cuando sus fines choquen con el mismo.
Siguen
en esto la proclama que hizo Paulino Iglesias en su estreno parlamentario: en
eso han sido fieles a sus principios. Uno de los últimos ejemplos lo tenemos en
las consecuencias judiciales del cese del coronel Pérez de los Cobos. El ninistro
Pekeño se enfrenta a una acusación de encubrimiento, al mentir en sede
parlamentaria sobre dos delitos cometidos por sus subordinados: la conspiración
para cometer revelación de secretos -en el que estaría implicada la propia
directora general de la Benemérita- y la proposición para cometer infidelidad
en la custodia de documentos y violación de secretos.
La
cosa no queda ahí, puesto que también se considera que el ninistro pudo
cometer un delito de omisión de perseguir un delito contra la Constitución (el cometido
por funcionarios públicos contra otros derechos individuales).
Probablemente
no servirá para gran cosa, pero al menos nos quedará la satisfacción de ver
pringado a un miembro (¡otro!) del desgobierno socialcomunista por acusaciones
de cierta enjundia y con fundamento razonablemente sólido.
Y
van…
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!
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